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Ricardo Gómez: «El compromiso a la transparencia no debe tener una visión política o partidista»

El presidente del IAIP aseguró que el trabajo que se hace en la institución está alejado de políticas partidarias que establecieron los anteriores comisionados.

Asimismo, denunció que comisionados electos en la administración de Salvador Sánchez Cerén aún mantienen una dinámica de bloqueo y ataque constante hacia la institución.

¿En qué condiciones encontró la institución? y ¿cuáles son los principales logros obtenidos durante su gestión?

Encontré un instituto que, si bien es cierto que tiene un porcentaje bastante alto de personas comprometidas con el trabajo, lamentablemente había estado manejado o manipulado con un enfoque eminentemente político. En el pasado había una serie de irregularidades precisamente de las personas que ya fungían y nos trataron de meter en esa temática, como si el instituto fuera una instancia de choque o instancia política de confrontación, desnaturalizando la verdadera función del mismo.

Desde que comenzamos a trabajar hicimos diferentes diagnósticos de trabajo, y hasta estos momentos hemos llevado un trabajo en pro de la transparencia, implementando mecanismos que agilicen los procedimientos que se tienen en el área jurídica; también se hacen permanentes audiencias que han dado efectividad a una serie de casos.

También, hemos verificado la capacidad de respuesta para las personas en los procedimientos de apelación y en los sancionatorios, para que esta se mejore. Hasta la fecha, ha habido una reducción de mora en casos de respuesta del 65 % de lo que encontramos. Ahora, en el trabajo institucional se han dado resultados altos e históricos. En los últimos cinco meses se ha incrementado la capacidad resolutiva y de respuesta en un 400 % en comparación con las resoluciones notificadas el año anterior. Ese incremento ha sido un logro del trabajo hecho. El compromiso a la transparencia y al derecho a la información pública debe ser en respeto tanto a la institucionalidad y no con una visión política o partidista.

¿Cómo cree que ha sido el funcionamiento de la institución con los excomisionados?

Pude percibir desde el inicio que sí había una dinámica de presión e intimidación al personal y amedrentamiento para seguir ciertas líneas en las resoluciones. Coaccionaban con algunos empleados, que ya no se encuentran en la institución, a llevar una línea política. Nos dimos cuenta de esa postura o ese énfasis en que los casos fueran particularmente en contra de Casa Presidencial y contra algunos ministerios claves, que estuvieron trabajando durante la pandemia.

Había un enfoque desmedido en buscar que los procesos, a como diera lugar, fueran con señalamiento, aunque no fuera el caso al estudiar los mismos. Las situaciones se daban tanto con los comisionados que nos precedían como con el personal jurídico que ocupaba las jefaturas hasta hace poco. Incluso, descubrimos que había correos, como el de Presidencia, que estaban en una lista negra de spam, cualquier notificación o correo que mandaban caía ahí y eso hacía que lo señalaran como que la institución no estaba cumpliendo con lo que pedían. Eso nos obligó a generar una investigación interna con una auditoría que se formuló por medio de unos Términos de Referencia, los cuales tuvieron la oposición de los comisionados que estaban previamente.

Ha habido una dinámica de bloqueo, de oposición, de ataque y de cuestionamiento solo en temáticas que no son de agrado de estos sectores y no en amplios términos.

Recientemente una de las comisionadas señaló que había tensión y diferencias en la institución. ¿A qué se debe esto? Hay una serie de cuestionamientos de parte de la comisionada Liduvina Escobar hacia nosotros por supuesta exclusión, marginación o por actos en su contra. Contrario a eso, los que hemos vivido esa dinámica hemos sido nosotros de parte de ella. Aquí no se le ha faltado el respeto, no se le ha insultado, ni difamado, por el contrario.

Ella se siente en aislamiento porque nosotros no podemos trabajar bajo una línea política sino en pro de la institucionalidad. Ella está permanentemente en desnaturalización de todo aquello que hagamos que no responda a las visiones que han tenido. Cada acto que no le satisface, lo tilda de ser un apoyo al Ejecutivo.

¿Qué está haciendo la institución para recuperar la credibilidad de la población?

Debido a las malas prácticas han creado desencanto en la población, que podría estar interesada en solicitar información al instituto. Estamos haciendo esfuerzos de capacitación para el personal de instituciones y para grupos de la ciudadanía, porque la verdadera razón de ser del derecho a la información es que el ciudadano tenga respuesta a sus dudas o cuestionamientos sobre cómo se están ocupando ciertos fondos o proyectos que van a hacer. Que la gente pueda conocer cómo el Estado está administrando los fondos, ese es nuestro deber ser.

 ¿Cuál es la relación que tiene la institución con los entes obligados?

Este es un punto que como instituto queremos impulsar, ya que en todas las instituciones debe existir la coordinación interinstitucional, un adecuado funcionamiento entre instituciones que no implique arreglos o acuerdos para desnaturalizar el trabajo. Esto es importante para poder llevar mejores resultados en las gestiones. Pero el instituto ha estado con otra dinámica previo a nuestra llegada y todavía está con esa visión de ver como nefasto o pecaminoso tener esos acercamientos.

Creo que esa visión es sumamente obtusa, porque lo que nosotros tenemos que hacer es ello. Porque si nosotros estamos aislados o apartados, nos vemos como una institución de ataque o de choque. Por eso es necesario tener reuniones, mesas de trabajo o presentaciones para cambiar ese tipo de enfoque.

Algunos sectores u organizaciones de la sociedad civil señalan que el IAIP ha perdido independencia, ¿qué opina al respecto?

Nosotros somos una institución autónoma en cuanto a sus funciones y en lo financiero. Para los comisionados que fueron nombrados por los gobiernos anteriores no hubo ningún problema, pero para los que fuimos nombrados por el presidente Bukele sí hay problema, ahí se puede ver el enfoque político.

No tiene que ver por quién sean nombradas las personas, sino por el compromiso institucional. Yo creo que ellos lo perciben como la pérdida de un feudo que había estado en manos de comisionados, nombrados por anteriores presidentes del partido de izquierda y de organizaciones que han estado trabajando con ellos.

Han visto en nosotros un estorbo a la línea de trabajo que ya tenían porque ya no pueden ocupar la institución de esa misma manera, como la estaban ocupando y como preveían utilizarla frente a las autoridades del Ejecutivo.

 ¿Qué proyectos está impulsando el IAIP para que instituciones municipales, autónomas y de Gobierno transparenten la información pública?

En este momento hemos mandado algún tipo de guía o lineamientos para las nuevas autoridades. Hay una unidad de formación que elabora programas periódicos para brindar formación e información a los distintos entes. Vienen nuevos gobiernos municipales y una Asamblea completa, eso dentro de unos días implica una nueva dinámica y hay funcionarios nuevos, tenemos que brindarles información a las personas.

Tenemos uno de los primeros retos y proyectos precisamente de introducirnos. Pero las limitantes económicas formulan otro reto y estamos esperanzados en que en estos meses esa dinámica va a cambiar con un refuerzo presupuestario que se nos otorgue.

¿Cuál es el presupuesto con el que cuentan actualmente? y ¿de cuánto es el aumento que solicitan? Nosotros pedimos un aumento de $1 millón, pero la Asamblea Legislativa a último momento nos dejó sin nada. Actualmente tenemos un presupuesto de $1,800,000 aproximadamente, y queremos llegar con la mejor de las suertes a los $2,800,000, más el aporte y el apoyo de la comunidad internacional en insumos tecnológicos, capacitaciones y actividades. Al tenerlo, eso nos permitirá elaborar los programas proyectados a favor de los ciudadanos.