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Pronunciamiento del IAIP ante medidas adoptadas por las municipalidades en emergencia por el COVID-19

El Instituto de Acceso a la Información Pública, como ente garante del derecho humano al acceso a la información pública (DAIP), en el marco de las recientes órdenes emitidas por Presidencia de la República de El Salvador dirigidas a las autoridades municipales y realizadas a través de las redes sociales, RECUERDA:

  1. Que el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido constitucionalmente e incluido en diversos instrumentos internacionales, que son de obligatorio cumplimiento para la administración pública, en particular contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
  2. Que de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la divulgación de la información en poder del Estado debe jugar un rol muy importante en una sociedad democrática, pues habilita a la sociedad civil para controlar las acciones del gobierno a quien le ha confiado la protección de sus intereses. El acceso a la información debe comprender una obligación positiva de parte del Estado para la divulgación de la información que produce, lo cual es necesario para evitar abusos de los/as funcionarios/as gubernamentales, promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permitir un debate público sólido e informado para asegurar la garantía de contar con recursos efectivos contra tales abusos.
  3. Que el derecho de acceso a la información pública goza de la protección del principio de reserva de ley, el cual determina que las restricciones a su ejercicio deben encontrarse asentadas en una ley en sentido formal, y que las actuaciones que lo limiten deben justificarse debidamente por medio de un análisis de proporcionalidad. De igual forma, el principio de máxima publicidad implica que las instituciones se encuentran obligadas a demostrar la necesidad de implementar restricciones a este derecho.
  4. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humano, adoptó la resolución No. 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de fecha 10 de abril de 2020, en la que recomendó a los Estados parte, informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, sobre los impactos de la pandemia.
  5. Que las Municipalidades están obligadas a publicar información conforme al art. 7 de la Ley de Acceso a la Información y están sujetas a las infracciones establecidas en la misma en los artículos 76 y 77 – además de las responsabilidades contenidas en el Art. 245 de la Constitución-, de las cuáles este Instituto estará vigilante a fin de garantizar su cumplimiento y evitar afectaciones que se cometan en perjuicio de la población; principalmente de aquellas derivadas de las medidas tomadas por los Gobiernos Locales, que afecten las circunscripción territorial en la que se encuentren o utilicen de tránsito, bajo las excepciones ordenadas.
  6. Que en ese sentido, las municipalidades, se encuentran obligadas a divulgar de forma CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y SUFICIENTE el marco jurídico en el que se fundamentan sus actividades y funciones y cualquier regulación o limitación a los derechos fundamentales de la población en general; esto con el fin de dotar de seguridad jurídica a lo/as particulares a las que se dirigen o afectan. Además, este instituto reafirma que tal obligación fue establecida en las “Directrices para el Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y Protección de Datos Personales en la emergencia sanitaria” emitidas el pasado 23 de marzo de 2020. En tal sentido, se INSTA a las municipalidades a mantener debida y suficientemente informada a la población sobre las medidas a implementar en el marco de la emergencia nacional, y los instrumentos jurídicos por medio de los cuales se emitan tales medidas. Todo ello, con la garantía de disponibilidad al público, sin dilación. Del mismo modo, deberán atender las consultas de la ciudadanía por sus canales oficiales.
  7. La adopción de medidas restrictivas de derechos que no gocen de la transparencia debida y el marco jurídico que justifique su implementación, conlleva ineludiblemente a la violación de los derechos de acceso a la información pública y a la seguridad jurídica de lo/as ciudadanos/as, entre otros.
  8. En virtud de lo anterior, este Instituto en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Acceso a la Información Pública y aclarando que la determinación de la validez, legalidad o constitucionalidad de dichas medidas no corresponde al IAIP, hace un enfático llamado a las municipalidades involucradas con las nuevas medidas dictadas por el Ejecutivo y avaladas por la Comisión de Protección Civil de cada una, para que mientras estas se encuentren vigentes, cumplan plenamente la obligación de transparentar las acciones y/o restricciones que se adopten, y se respete en todo momento el derecho de acceso a la información pública.

Para tales efectos, los entes obligados deben utilizar los medios que resulten idóneos dependiendo de las características de cada municipalidad, para asegurara el conocimiento de las medidas a implementar a la población bajo su jurisdicción. Adicionalmente, el IAIP pone a disposición el portal de transparencia administrado por este Instituto, y que ya ha sido compartido con los y las Oficiales de Información de cada una de las municipalidades, para que cada una de ellas pueda divulgar de forma adecuada y oportuna la información que produce durante este período de emergencia y en especial aquellas que les involucren de manera directa.