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Posición sobre las reformas realizadas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por mayoría de sus integrantes, a raíz de las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), realizadas mediante Decreto Ejecutivo número 34, de fecha 26 de agosto de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial No. 175, Tomo No. 428, de fecha 31 de agosto de este año, emite el presente posicionamiento:

El Derecho de Acceso a la Información Pública es un derecho fundamental que propicia el afianzamiento de sistemas democráticos transparentes y efectivos; facilita y promueve la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado que incentiva a los gobiernos de turno a utilizar los recursos estatales de manera efectiva con el fin de alcanzar el bien colectivo y reducir los espacios para la corrupción. Lo anterior, ha sido reconocido de manera positiva, incluso en la jurisprudencia constitucional en casos paradigmáticos -por citar algunos-: la Sentencia de Inconstitucionalidad de fecha 22 de agosto de 2014 de referencia 43-2013 y en la Sentencia de Amparo de fecha de 17 de enero de 2014, de referencia 356-2012.

Partiendo de esa condición de derecho fundamental, al igual que el resto de derechos constitucionales, para que el acceso a la información pública sea eficaz y no se reduzca a un simple reconocimiento en abstracto, el Estado salvadoreño diseñó toda una arquitectura legal que comprende acciones y mecanismos idóneos para evitar que este derecho sea vulnerado o limitado inconstitucionalmente; así como, para reparar el daño en caso de conculcación.

Para tan grande misión se emitió la Ley de Acceso a la Información Pública que precisamente dio vida al IAIP como el órgano garante y cuya tarea fundamental es implementar la ley y las políticas públicas de transparencia y de acceso a la información pública, con características propias que lo identifican como un ente independiente de las influencias políticas, accesible al público, sin formalismos, oportuno y especializado. Con funciones previamente delimitadas, de velar por la correcta interpretación de la ley y la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; ello a través de la solución de controversias vinculadas con el acceso a la información de carácter público y de los procedimientos previstos en dicha ley, creando criterios que dotan de contenido a tal derecho y que sirven de precedentes y de orientaciones institucionales. Constituyendo así, un mecanismo no jurisdiccional que garantiza y consolida la eficacia de este derecho autónomo.

En ese orden, el IAIP nace como una institución con autonomía administrativa y financiera -Art. 51 LAIP-; la primera manifestándose que aun formando parte del Estado, goza de altos niveles de independencia en el ejercicio de sus funciones, debido a que no se guarda ningún tipo de dependencia jerárquica y de ninguna otra naturaleza, con los otros órganos e instituciones del Estado. Dicha disposición se armoniza con las atribuciones del IAIP, que recaen en el Pleno -Art. 58 letra “p”- al otorgarle la facultad de elaborar el reglamento interno o demás normas de operación; dando paso a un modelo de organización administrativa del Instituto cuya máxima autoridad recae en la figura del Pleno. Por lo que, es claro que la decisión de adoptar un modelo de corte presidencialista o uno colegiado depende exclusivamente del Pleno del Instituto. Debe mencionarse, que desde el Pleno de la primera generación de comisionados y comisionada se adoptó un modelo administrativo y funcional inclusivo, bajo la premisa que las decisiones se toman por mayoría, de conformidad con el Art. 52 inciso final de la LAIP.

La implementación de este modelo organizativo del IAIP ha asegurado, y presupone en cada decisión, la necesidad de entablar un diálogo interno, como un ejercicio democrático que toma en cuenta las diversas formas de pensamiento, y no concentra la adopción de decisiones administrativas en un solo comisionado o comisionada. En este orden de ideas, todas las atribuciones conferidas por la LAIP al Instituto son correspondientes al Pleno en su conjunto como máxima autoridad de la Institución y no en los/as comisionados/as de manera individual.

Por todo lo anterior, consideramos que la reforma realizada al RELAIP en su Art. 61, por el Señor Presidente de la República, puede suponer un menoscabo a la potestad normativa respecto del desarrollo de los aspectos internos de organización del IAIP, y por ende, a la autonomía administrativa; tal como ha sido señalado.

Por otra parte, con suma preocupación advertimos que, la reforma al Art. 38 del RELAIP referente a “resolución de controversias sobre clasificación o desclasificación reservada” puede significar una contradicción directa a la LAIP, pues la interpretación de la mencionada ley, de conformidad al Art. 58 letra “g” de la LAIP es potestad de este Pleno. Por ello advertimos en dicha reforma un riesgo para la eficaz protección de los derechos que por ley estamos mandados/as a proteger y garantizar.

Finalmente, es importante mencionar que como servidores públicos, y en especial los que tenemos la potestad de decisión, nos encontramos en absoluta sujeción a la legalidad, en los términos del Art. 86 de la Constitución; es por ello que, nuestro espectro funcional se limita a lo dispuesto en una ley en sentido formal, por lo que la creación y asignación de nuevas funciones en instrumentos infralegales, así como la modificación de la sustancia y espíritu de aquellas consagradas en la Ley, resulta incompatible con el espíritu de dicho principio.

Por todo lo expresado, el Pleno de Comisionados y Comisionadas se mantendrá vigilante y con el firme compromiso de defender y asegurar el funcionamiento institucional, la autonomía y el mandato de hacer valer el derecho de acceso a la información pública contenido en la LAIP.