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El IAIP, en el ejercicio de sus funciones, se pronuncia sobre los acontecimientos del manejo y el acceso a los archivos militares relacionados con el conflicto armado

Al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le corresponde velar por la plena protección y la garantía del Derecho a Saber, de cuyo contenido deriva la competencia de regular y evaluar los Sistemas Institucionales de Gestión Documental y Archivos en manos de las instituciones públicas. En ese sentido y frente a los últimos acontecimientos, relacionados con este tema, y aras a coadyuvar al derecho a la verdad, y, por medio de este, contribuir a la justicia y garantía de no repetición de los hechos del conflicto armado en este caso particular, relacionado con la masacre del Mozote y lugares aledaños; a la población en general MANIFIESTA:

El IAIP se ha mantenido vigilante sobre el manejo que se ha dado a los archivos relativos al conflicto armado y, en especial, la información concerniente a la masacre del Mozote y lugares aledaños.

Debe recordarse que desde 2013, en reiteradas ocasiones, las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional afirmaron, a esta institución, la inexistencia de todo tipo de registro documental sobre lo ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador (por ejemplo en las resoluciones emitidas por dicho ente obligado conocidas en apelación ante este Instituto, bajo las referencias: NUE 63-A-2013, NUE 71-A-2013, NUE 93-A-2016, NUE 263-A-2018 y NUE 52-A-2019). Teniéndose un último pronunciamiento por el Órgano Ejecutivo, específicamente por el Presidente de la República, el 24 de septiembre en cadena nacional, quien dio a conocer que los archivos relacionados con el caso del Mozote y lugares aledaños pudieron haber sido destruidos; informando, además, sobre la existencia de “algunos documentos y registros en archivos militares en el Estado Mayor Conjunto y en Cuarteles, relativos al caso” encontrados como resultado de una búsqueda ordenada por él.

Aunque resulta positivo el hallazgo de dicha información, debe recordarse que desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las instituciones se encuentran obligadas a implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos y que, entre otras cosas, requiere mantener ordenados y catalogados todos los documentos integrantes de su acervo, con la finalidad de facilitar su ubicación y garantizar su acceso.

En este sentido, las instituciones públicas están obligadas a la conservación de los documentos que producen, en la que se incluye la información que pudiera resultar útil para la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, resulta preocupante la posible destrucción de documentos aludida en la cadena nacional del pasado jueves, situación que debe ser debidamente investigada y juzgada para la determinación de las responsabilidades administrativas y penales que derivan de tan graves hechos, por la destrucción o pérdida de archivos dentro de esa Cartera del Estado. Al respecto, debe recordarse que en abril de 2017, este Instituto presentó aviso ante la Fiscalía General de la República sobre la posible destrucción de documentos útiles en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, y a la fecha no se ha tenido conocimiento sobre su procesamiento.

En este orden, el IAIP recuerda nuevamente que todas las instituciones están obligadas a organizar sus documentos conforme a inventarios y otros mecanismos que permitan conocer con certeza el contenido de los depósitos documentales. Con relación al repentino hallazgo de documentos, se considera que mina la credibilidad sobre las declaraciones de inexistencia previamente realizadas por el Ministerio de la Defensa Nacional, las supuestas búsquedas que se han realizado sobre documentos relativos a graves violaciones a derechos humanos y, también, pone en duda la seriedad de su Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos. Bajo ninguna circunstancia, lícita o razonable, una institución podría haber declarado inexistencia de información que obrara en su poder, caso contrario estaría incumpliendo con la LAIP y sus consecuencias legales respectivas.

Por otra parte, en atención con el estándar fijado por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, este Instituto ha manifestado en reiteradas ocasiones que, en los casos de investigaciones sobre graves violaciones a los Derechos Humanos, las obligaciones de las instituciones vinculadas no se limitan a la entrega de la información que poseen o a la declaración de su inexistencia; adicionalmente, se encuentran en el deber de reconstruir la información que ya no obre en su poder y a permitir a las víctimas, a las personas afectadas y a las autoridades judiciales y administrativas el más amplio acceso posible a sus depósitos documentales e instrumentos archivísticos, a fin de que pueda verificarse la búsqueda realizada y propiciar el acceso a la información relativa a los hechos.

De igual forma, es necesario aclarar que, las decisiones sobre la existencia, completitud, validez y relevancia de la información relativa a casos como la masacre del Mozote y lugares aledaños, no puede depender exclusivamente de las misma institución cuyos integrantes cometieron los hechos; por el contrario, resulta esencial el ejercicio de la función judicial y la intervención de otras entidades independientes para el establecimiento certero de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

Finalmente, en concordancia con la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, antes citado, el derecho a la verdad tiene una doble dimensión: una individual concerniente a las víctimas, sobrevivientes y afectados en la satisfacción de sus derechos y otra colectiva, relativa a la sociedad en su conjunto; por lo que puede afirmarse que la información nos pertenece a todos y todas.

Hacemos un llamado a todos los entes obligados que administran archivos históricos a su correcta gestión y conservación. Y exhortamos a las autoridades involucradas a realizar todos los esfuerzos pertinentes a efectos de garantizar la vigencia del Derecho a la Verdad en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños.