Saltar al contenido

Cámara de lo Contencioso Administrativo da la razón al IAIP para que se entregue versiones públicas de informes de probidad de funcionarios

La Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respaldó este viernes la resolución emitida en julio de 2019 por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la que se le ordenó a la CSJ entregar las versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de los casos que habían sido resueltos por la CSJ durante el 2018.

La resolución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo notificada este viernes al IAIP deja sin efecto la decisión tomada en agosto de ese mismo año por la Corte Plena de la Suprema de Justicia de “NO ACATAR LA RESOLUCIÓN”, argumentando que acceder a lo requerido por el IAIP significaba violar la Constitución, anteponiendo una ley secundaria y que se vulneraría el derecho a la seguridad y la intimidad personal.

La resolución establece: “Se desestima la pretensión planteada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en contra del Pleno del Institución de Acceso a la Información Pública, en el sentido de declarar la ilegalidad y consecuente anulación de los siguientes actos administrativos: i) Resolución de las quince horas con treinta minutos del 24 de julio de 2019, en la cual se ordenó al titular de la CSJ, que a través de su Oficial de Información entregue las versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de los casos que han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, y, ii) Resolución de las trece horas con quince minutos del veintitrés de agosto de 2019, pronunciada en el recurso de apelación con referencia NUE-124-A-2018 (AC), en la que entre otras cosas, resolvió tener por no cumplido la resolución antes mencionada”, señala la resolución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

Este Instituto, desde sus competencias, se mantendrá vigilante de la actuación de la administración pública, a fin de garantizar el avance y la consolidación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.