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Aclaración necesaria en relación a la nota “IAIP bloquea información sobre funcionarios públicos”, divulgada recientemente por el matutino El Diario de Hoy

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública, como ente garante del acceso a tal derecho, y así mismo, al derecho a la protección de datos personales de la población, a la opinión pública aclara:

 

Que la referida nota así como las opiniones de personas en supuestas organizaciones civiles (algunas de ellas relacionadas de manera sentimental con exempleados de esta institución), son categóricamente falsas y están destinadas a confundir a la población en relación a las funciones de esta institución con una finalidad claramente política.

 

La opinión jurídica relacionada (solicitada por la Universidad de El Salvador –UES–, para responder una solicitud de información), hace referencia a jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) del año 2020 sobre el alcance de la consideración de información oficiosa en cuanto a la identificación de empleados públicos.

 

Pese a lo anterior, cometiendo una arbitrariedad periodística (dolo) y un error jurídico inexcusable, se hace referencia a que intencionadamente este Instituto “bloquea información” de “funcionarios públicos”, cuando tal cosa no es cierta, pues se ha opinado sobre el caso de empleados públicos, entre los cuales hay diferencias jurídicas y administrativas.

 

Los trabajadores y empleados públicos son la mayoría de personas que se desempeñan en el sector público, con cargos de diversa índole pero que no provienen de una elección o de un nombramiento especial, entiéndase por esto todo tipo de técnicos, secretarias, motoristas, profesionales, etc., cuya identidad y sobre todo remuneración, no debe ni puede ser de carácter público, por disposición constitucional, y así es reflejado en la interpretación de la SCA, señalada en la referida opinión jurídica enviada a la UES.

 

Por tal razón, este Instituto insiste y ratifica públicamente que los datos personales de todos los salvadoreños son inviolables, incluyendo los de los empleados públicos, que pueden ser revelados solo con el consentimiento de sus legítimos propietarios.

 

Es imperioso hacer la aclaración y para mejor comprensión de la importancia de los datos y derechos que tutela este Instituto, hacer notar que si se diera acceso libre a datos personales de empleados públicos, se permitiría toda suerte de violaciones a la intimidad y a la seguridad de estas personas, y se pondría en riesgo su integridad.

 

Adicional a esa interpretación, debe señalarse el error jurídico de extrapolar la opinión jurídica emitida por el IAIP sobre “empleados públicos”, para hacer señalamientos de “opacidad” en relación a funcionarios públicos, cuando no ha sido esa la materia sobre la cual se resuelve, sin embargo por la poca experiencia del medio y la escasa formación de sus fuentes, se comete el error de colocar información errónea en el titular y el desarrollo de la nota.

 

Este Instituto hace un enérgico llamado de atención sobre la propiedad necesaria para referirse a temas jurídicos sensibles a la población, así como a la calidad de los profesionales de empresas privadas periodísticas, ya que como este ejemplo hay varios, en los que se confunde no solo a la población sino que se intenta verter opinión sobre la generalidad del Estado salvadoreño con información falsa y comentarios de terceros no aptos, como podemos constatar en este lamentable caso.